El Gobierno de La Rioja no admitirá objeciones contra Educación para la Ciudadanía (EpC) y obligará a todos los alumnos de la región, sin excepciones, a cursar la materia tal como se encuentra desarrollada en las normas regionales que adaptan el Real Decreto del Ministerio.
Siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional, un informe de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma elaborado tras las primeras peticiones de algunos padres contra la asignatura confirma que la objeción de conciencia «no está reconocida en nuestro Estado de Derecho o en Derecho alguno, pues significaría la negación misma de la idea del Estado». Aunque cita como excepción la objeción contra el servicio militar, el escrito del Gobierno de La Rioja aclara que fuera de este supuesto, «no pueden alegarse eficazmente las propias creencias o convicciones para exigir la exención del cumplimiento de las obligaciones [...] impuestas por la Constitución o por la Ley con carácter general». El informe compara la objeción contra EpC con una supuesta objeción contra «pagar impuestos». «No cabe lugar», determina.
Los Servicios Jurídicos argumentan que «si la Comunidad Autónoma de La Rioja no cumpliera la normativa básica estatal, puesto que al Estado es al que corresponde la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos, podría estar impidiendo con su actuación que los alumnos riojanos obtuvieran el correspondiente título oficial acreditativo de sus estudios con validez en todo el Estado».
«Todo ello conlleva que la Comunidad Autónoma de La Rioja tenga la obligación de impartir las asignaturas respecto a las cuales algunos padres pretenden objetar sin sustituirlas por cualquier otra distinta de la exigida como contenido mínimo de los correspondientes currículos para la obtención del título oficial de sus estudios con validez en todo el Estado», destaca el escrito. Después de este informe la única puerta abierta que les resta a los padres objetores es el recurso a los tribunales, como especifica también el documento.
Con esta decisión, el Gobierno regional se desmarca de la CONCAPA (padres católicos), asociación que reclama el derecho a la objeción y se alinea con la Federación Española de Religiosos de Enseñanza (FERE), entidad que agrupa a los centros concertados y acata la asignatura.
1 comentario:
Que pena que no se participe más de los blogs. Me presento, soy de Cuzcurrita me unen pensamientos aunque militamos en oartidos diferentes. Estamos revindicando (como podrás ver en nuestra página) algo que a toda la izquierda nos ocupa. Recuperar la DIGNIDAD de los tumbaos y hacer cumplir la Ley De Memoria Histórica retirando un síbolo Inconstitucional como es la placa que cuelga en el pórtico de la iglesia de Cuzcurrita. Queremos hacer llegar esa voz a todos, ante la negativa de la derechona rancia de siempre. ¿Qué te parece?.
Salud y Progreso.
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