La ausencia de pene sigue siendo motivo de exclusión en el Ejército. El Gobierno respondía así a una pregunta por escrito del diputado de ICV Joan Herrera, quien se interesó el pasado julio por el caso de Aitor, un transexual de 28 años que nació mujer y al que se le rechazó en 2007 su entrada en el Ejército como hombre por no tener genitales masculinos.
El departamento dirigido por Carmen Chacón señala en el escrito que el Cuadro Médico de Exclusiones de 2007 sigue la senda de los reglamentos de los años ochenta y noventa sobre causas de no aptitud para el extinto servicio militar.
No sólo enfermedades
Ahora bien, precisa que el concepto de enfermedad médica se encuentra acotado expresa o tácitamente y que los motivos de exclusión no son considerados necesariamente como enfermedades, pues también incluyen defectos físicos o psíquicos.
En cualquier caso, asegura, en relación con el caso de Aitor, que "se está analizando la normativa relativa a los requerimientos de tipo médico y sanitario para el ingreso y permanencia en las Fuerzas Armadas". Además, recalca que la normativa en vigor sobre el Militar Profesional no recoge este supuesto como causa de pérdida de la condición de militar.
Herrera critica al Gobierno socialista, -"que siempre ha alardeado de haber ampliado los derechos de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales"- por mantener que "la falta total de pene" y la "pérdida, ausencia o atrofia de ambos testículos" son motivos de exclusión médica para acceder al Ejército profesional. "Con esta resolución se impide que personas transexuales no puedan ni siquiera examinarse para acceder al Ejército, como ha sido el caso de Aitor G.R", añade.
El caso de Aitor saltó a los medios a mediados de julio del año pasado y a los pocos días, el presidente de la Federación Estatal de Lesbianas Gays y Transexuales (FELGT), Toni Poveda, fue recibido por la subsecretaria de Defensa, María Victoria San José, para abordar este caso.
A la salida del encuentro, Poveda aseguró que la representante del ministerio le trasladó que la ministra Carme Chacón "ha pedido que se solucione el tema". Medio año más tarde, el Gobierno señala en su respuesta a ICV que "se está analizando la normativa" sobre este asunto.
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