El PSOE se niega a ingrementar las indemnizaciones a los homosexuales represaliados por el Franquismo

La Asociación Ex Presos Sociales, ha logrado introducir una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para incrementar las indemnizaciones a los homosexuales represaliados durante la dictadura de Franco y los primeros años de la Transición al amparo de la Ley de Vagos y Maleantes, primero, y de la Ley de Peligrosidad Social después. Esta enmienda sugiere, concretamente, que estos represaliados cobren una indemnización de 24.000 euros por su reclusión o su destierro. La enmienda ha sido firmada por Izquierda Unida, el Bloque Nacionalista Gallego (BNG) y Unión, Progreso y Democracia (UPyD), partido que lidera Rosa Díez. Cuenta, además, con el apoyo del PNV, CiU y Coalición Canaria y probablemente con la abstención del PP. No cuenta, sin embargo, con el beneplácito del PSOE, que llevará al pleno una propuesta a medio camino entre la que aprobó el Consejo de Ministros y esta enmienda, es decir, una paga en torno a los 12.000 euros.
La propuesta del Gobierno fijaba una indemnización de 2.000 euros para quienes sufrieron reclusión de un mes a seis meses; 4.000 para quienes estuvieron de seis meses a tres años; y de 6.000 euros para quienes estuvieron más de tres años, sumando 1.202 euros por cada año añadido.
Enfado con el Gobierno
Estas cantidades, sin embargo, fueron calificadas de "ridículas" e "injustas" por la Asociación Ex Presos Sociales, cuyo presidente, Antonio Ruiz, cree que además de indemnizar el tiempo pasado en prisión debería contemplarse el alejamiento del domicilio (destierro) que sufrieron muchos homosexuales.
Aseguran, así mismo, que su situación fue peor aún que la de los presos políticos, pues los antecedentes penales no impedían a estos encontrar empleo una vez que salían en libertad, cosa que no ocurría con los homosexuales, que sufrían persecución y marginación de por vida.Así pues, en la enmienda se pide que se valore todo esto y que se indemnice con 24.000 euros a todas las personas represaliadas, sin limitarse a la prisión o al tiempo que pasaron recluidos.Reclama, además, que en la comisión que habrá de hacer las valoraciones, además de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas y los ministerios de Justicia, Interior y Economía, esté presente la propia asociación.Por lo demás, la enmienda mantiene el texto aprobado por el Gobierno, que especifica, por ejemplo, que en caso de fallecimiento cobren la indemnización los herederos.