El Ministerio de Justicia tramita 37 solicitudes de personas que fueron detenidas y encarceladas durante el franquismo por su condición sexual e identidad de genero, y que optan a las indemnizaciones de dos millones de euros presupuestados por el Gobierno en diciembre de 2007, informaron a Efe fuentes del departamento.
Según la Asociación de ex-presos sociales, al menos 4.000 personas sufrieron esa situación, aunque muchos de ellos ya han fallecido.
Tras dos años de colaboración con esta asociación, el Ministerio de Justicia trabaja ahora en un reglamento que permitirá obtener datos fiables sobre el número de afectados y en el que se especificarán las condiciones de acceso a las indemnizaciones y la documentación necesaria.
La localización de los documentos judiciales que justifican la situación de persecución padecida es, a juicio de las fuentes consultadas, una de las dificultades más importantes.
"En muchas ocasiones -explican en Justicia- los interesados carecían de toda acreditación de su situación y pese a haber sufrido el ingreso en determinado Centro Penitenciario tenían muchas dificultades, dado el tiempo transcurrido, para obtener por sus propios medios su expediente".
Desde el Ministerio de Justicia se ha dado instrucción a los Secretarios de los Tribunales Superiores de Justicia para que a través de sus Juntas de Expurgos se seleccionen todos los expedientes en los que se hubieran aplicado las leyes de Vagos y Maleantes y de Peligrosidad y Rehabilitación Social.
Las fuentes señalan que todo esto sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias, puedan establecer y poner en marcha los mecanismos que consideren para facilitar a esos ciudadanos la localización de sus expedientes.
"Si el comisario 'El Gallego' levantara la cabeza, ja, ja, ja..."
"Si el comisario 'El Gallego' levantara la cabeza, ja, ja, ja...". El que así se expresa es Manuel Toledano, uno de los 4.000 encarcelados y torturados durante el franquismo por homosexuales y transexuales. El Gobierno elabora un reglamento para distribuir los dos millones de euros presupuestados para indemnizar a ese colectivo.
Indemnizaciones "pioneras e históricas", según Antoni Ruiz, presidente de la Asociación de Ex Presos Sociales, que han obligado a muchos a desenterrar recuerdos dolorosos de redadas, comisarías, cárceles, vejaciones, destierros...
Su delito: ser homosexuales y transexuales. Según la Ley de Vagos y Maleantes de 1954 ser homosexual era delito. Una reforma posterior, en 1970, dio paso a la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social.
Con esta nueva norma esa condición sexual era motivo de encarcelamiento, eso sí, con el fin de la reeducación, de la rehabilitación, de que el detenido en cuestión dejara de ser "maricón", en la terminología al uso en la época.
Una norma que siguió en vigor en los primeros años de la democracia hasta que en 1978 una reforma eliminó las referencias a la homosexualidad. En 1995 se derogó definitivamente con la promulgación del Código Penal.
Gracias a una enmienda pactada entre PSOE e IU, en diciembre de 2007 el Congreso de los Diputados incluyó en los Presupuestos Generales del Estado una partida de dos millones de euros para indemnizar a las personas que fueron represaliadas por su condición sexual.
Tras el paréntesis electoral, los ministerios de Presidencia y de Justicia se afanan ahora en establecer un reglamento que permita obtener datos fiables sobre el número de afectados y que fije condiciones y requisitos de acceso a las indemnizaciones y la documentación necesaria.
En la Asociación de Ex Presos Sociales se han recibido hasta ahora 72 solicitudes. Habrá otras de personas no asociadas, e incluso los que no van a pedir nada porque "no hay dinero que arregle aquello. ¿Que me van a dar si 'aquello' no está pagado con nada?, ni aunque me den el pazo de Meirás", dice a Efe Juan Soto, de 83 años, que estuvo 25 años recorriendo cárceles franquistas.
"Defiendo poder desahogarme, poder hablar, recuperar la memoria, que no vuelva a pasar", afirma Soto que tiene la sensación de que lo que quieren los políticos con las indemnizaciones es: "toma y calla la boca". "Pues no me voy a callar!", exclama refiriéndose a aquellos que se han opuesto a la Ley de la Memoria Histórica.
Tras dos años de colaboración con esta asociación, el Ministerio de Justicia trabaja ahora en un reglamento que permitirá obtener datos fiables sobre el número de afectados y en el que se especificarán las condiciones de acceso a las indemnizaciones y la documentación necesaria.
La localización de los documentos judiciales que justifican la situación de persecución padecida es, a juicio de las fuentes consultadas, una de las dificultades más importantes.
"En muchas ocasiones -explican en Justicia- los interesados carecían de toda acreditación de su situación y pese a haber sufrido el ingreso en determinado Centro Penitenciario tenían muchas dificultades, dado el tiempo transcurrido, para obtener por sus propios medios su expediente".
Desde el Ministerio de Justicia se ha dado instrucción a los Secretarios de los Tribunales Superiores de Justicia para que a través de sus Juntas de Expurgos se seleccionen todos los expedientes en los que se hubieran aplicado las leyes de Vagos y Maleantes y de Peligrosidad y Rehabilitación Social.
Las fuentes señalan que todo esto sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias, puedan establecer y poner en marcha los mecanismos que consideren para facilitar a esos ciudadanos la localización de sus expedientes.
"Si el comisario 'El Gallego' levantara la cabeza, ja, ja, ja..."
"Si el comisario 'El Gallego' levantara la cabeza, ja, ja, ja...". El que así se expresa es Manuel Toledano, uno de los 4.000 encarcelados y torturados durante el franquismo por homosexuales y transexuales. El Gobierno elabora un reglamento para distribuir los dos millones de euros presupuestados para indemnizar a ese colectivo.
Indemnizaciones "pioneras e históricas", según Antoni Ruiz, presidente de la Asociación de Ex Presos Sociales, que han obligado a muchos a desenterrar recuerdos dolorosos de redadas, comisarías, cárceles, vejaciones, destierros...
Su delito: ser homosexuales y transexuales. Según la Ley de Vagos y Maleantes de 1954 ser homosexual era delito. Una reforma posterior, en 1970, dio paso a la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social.
Con esta nueva norma esa condición sexual era motivo de encarcelamiento, eso sí, con el fin de la reeducación, de la rehabilitación, de que el detenido en cuestión dejara de ser "maricón", en la terminología al uso en la época.
Una norma que siguió en vigor en los primeros años de la democracia hasta que en 1978 una reforma eliminó las referencias a la homosexualidad. En 1995 se derogó definitivamente con la promulgación del Código Penal.
Gracias a una enmienda pactada entre PSOE e IU, en diciembre de 2007 el Congreso de los Diputados incluyó en los Presupuestos Generales del Estado una partida de dos millones de euros para indemnizar a las personas que fueron represaliadas por su condición sexual.
Tras el paréntesis electoral, los ministerios de Presidencia y de Justicia se afanan ahora en establecer un reglamento que permita obtener datos fiables sobre el número de afectados y que fije condiciones y requisitos de acceso a las indemnizaciones y la documentación necesaria.
En la Asociación de Ex Presos Sociales se han recibido hasta ahora 72 solicitudes. Habrá otras de personas no asociadas, e incluso los que no van a pedir nada porque "no hay dinero que arregle aquello. ¿Que me van a dar si 'aquello' no está pagado con nada?, ni aunque me den el pazo de Meirás", dice a Efe Juan Soto, de 83 años, que estuvo 25 años recorriendo cárceles franquistas.
"Defiendo poder desahogarme, poder hablar, recuperar la memoria, que no vuelva a pasar", afirma Soto que tiene la sensación de que lo que quieren los políticos con las indemnizaciones es: "toma y calla la boca". "Pues no me voy a callar!", exclama refiriéndose a aquellos que se han opuesto a la Ley de la Memoria Histórica.
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